El problema global del desperdicio de alimentos

Cada año, más de 1.000 millones de toneladas de alimentos se tiran a la basura en todo el mundo.

Y no es de recibo que un tercio de la producción mundial de alimentos se desperdicie, acabando en el vertedero, mientras más de 800 millones de personas en el mundo pasan hambre.

Este despilfarro no solo es un problema ético, sino también ambiental y económico. Alimentos que requieren grandes cantidades de agua y energía para ser producidos terminan en vertederos, generando emisiones de CO² y gases de efecto invernadero.

Ya en 2009, en el Foro de Alto Nivel de la ONU para la Alimentación y la Agricultura celebrado en Roma se aprobó el documento “Como alimentar al mundo en 2050” en el que se ponía de manifiesto la necesidad de incrementar la producción mundial de alimentos para hacer frente a la demanda creciente de una población en aumento. Y una de las soluciones es abordar la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos.

Las razones de este desperdicio son múltiples, desde la pérdida de cosechas completas por razones de mercado, banales en muchos casos (productos “feos”, “imperfectos” o “poco estéticos”), hasta el funcionamiento ineficiente de los sistemas alimentarios en las sociedades más urbanizadas.

En España, aunque la problemática del hambre no siempre sea visible, muchas familias vulnerables, especialmente niños, tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada. La nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario (LPPDA) llega para hacer frente a esta realidad, convirtiendo la gestión de los excedentes alimentarios en una obligación legal.

Un hito legislativo para un futuro más sostenible

La ley, cuya tramitación parlamentaria se detuvo tras la disolución de las Cortes en junio de 2023,  fué finalmente fue aprobada en el Parlamento español el pasado 20 de marzo de 2025 y publicada en el BOE el 2 de Abril.

El objetivo de la ley es reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la PRODUCCIÓN hasta el CONSUMIDOR FINAL. Es por tanto, labor de todos, trabajar para que su implementación real sea un éxito en nuestro país.

La ley cumple tres claros objetivos:

• Un objetivo SOCIAL. Evitar que la comida se pierda mientras una parte de la población pasa hambre o, al menos, no puede acceder a una alimentación sana, equilibrada y suficiente.
• Un objetivo AMBIENTAL. Fabricar estos alimentos conlleva consumos muy significativos de agua, energía y tierras que podrían dedicarse a otros menesteres ya que, finalmente, no van a llegar a cumplir la labor para la que fueron planificados. La utilización de estos recursos ya de por si tiene un impacto importante en el planeta pero, además, se incrementan de forma exponencial en el propio proceso de destrucción de los mismos aumentando las emisiones de CO² y los gases efecto invernadero tan nocivos para la vida en la Tierra (la FAO estima que el desperdicio alimentario es responsable de entre un 8% a 10% de los GEI)
• Un objetivo ECONOMICO.  Producir para acabar en la basura es perder eficiencia en la gestión y afecta muy negativamente a pequeñas empresas cuya supervivencia se ve comprometida con ciertas operaciones de este tipo.

La ley se alinea con la Agenda 2030 y con la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscando una reducción del 50% de los residuos alimentarios per cápita en la venta minorista y de las personas consumidoras, y una reducción del 20% de las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030, respecto a 2020

Las obligaciones de las empresas y la jerarquía de prioridades

Uno de los aspectos esenciales es la jerarquía de prioridades que los agentes han de aplicar en ésta materia: la prioridad es siempre la prevención, y en caso de que esto no sea posible, se aplicará la siguiente sucesión de prioridades:

1. Consumo humano: Fomentar la donación con fines sociales
2. Consumo animal: Cunado ya no sea posible aplicar el punto anterior
3. Subproductos (compost, biocombustible): En última instancia, gestionar los restos como residuo.

Como decíamos más arriba, la ley afecta a toda la cadena alimentaria: desde las empresas del sector y las cadenas de distribución hasta los Bancos de Alimentos que se mencionan expresamente en el texto de la ley.

El Capítulo V establece que las administraciones públicas de acuerdo con las directrices de las instituciones europeas elaborarán un Plan Estratégico de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario y en su artículo 18 fija que el Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación (MAPA) aprobará el Plan Nacional de Control de las pérdidas y el desperdicio alimentario en el que se detallarán las obligaciones de información y control periódico por parte de todos los miembros de la cadena alimentaria.

Una vez elaborado éste reglamento destinado a garantizar los criterios de control administrativo en todo el territorio nacional la ley entra en vigor en su totalidad.

El plazo fijado es de un año, por tanto, un punto clave de la ley es que a partir del 2 de abril de 2026, todas las empresas de la cadena alimentaria (desde productores hasta distribuidores) deberán cumplir todos los requisitos impuestos por la Ley y, especialmente, dos obligaciones fundamentales:

• Disponer de un Plan de Aplicación para la prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario donde se diagnostique el motivo por el que se generan desperdicios, alternativas viables técnica y administrativamente para reducirlas y las medidas de seguimiento que se establezcan.
• Tener Acuerdos o Convenios de Donación de sus excedentes de alimentos con entidades sociales o bancos de alimentos. Es decir, lo que hasta la fecha ya realizan las empresas y distribuidores de forma voluntaria pasa a ser ahora una obligación legal que, además, debe estar recogida en un documento de acuerdo/convenio de donación.

El incumplimiento de estas normas podría acarrear sanciones de entre 2.000 y 500.000 euros.

PLANB: la solución que ya existe para las empresas

Afortunadamente, existe una herramienta para facilitar este proceso.

Los Bancos de Alimentos tienen una experiencia de más de 30 años en la lucha contra el desperdicio alimentario.

Y los Bancos de Alimentos de España ya cuentan con PLANB, una plataforma tecnológica y humana que conecta a los generadores de excedentes alimentarios (DONANTES) con los más necesitados (BENEFICIARIOS) facilitando y simplificando los procesos en beneficio de todos

Trabajar con PLANB es un proceso fácil e intuitivo, que emite certificación fiscal (hasta un 50% de desgravación fiscal), con seguridad reputacional (los BdA’s tienen 30 años de experiencia) y con capilaridad nacional (54 bancos de alimentos y una extensa red de 7.000 Entidades Benéficas en toda España)

Además, para las empresas es una garantía de cumplimiento normativo (trazabilidad y seguridad), con métricas y estadísticas para una mejora continua de la plataforma, con canales de comunicación claros y accesibles en tiempo real entre todos los intervinientes de la donación y con una garantía de donación con un fin social, justo y equitativo entre entidades auditadas

En resumen, con PLANB, los bancos de alimentos y los donantes podrán asegurar el cumplimiento de la nueva Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario (LPPDA), seguridad reputacional y certificación para desgravación fiscal, lo que hace de este proyecto un modelo de gestión óptimo de los excedentes alimentarios

Hoy, al igual que en los últimos 30 años, los Bancos de Alimentos de España, continuan siendo el referente en la lucha contra el desperdicio alimentario.

El cambio está en nuestras manos

Le ley es una oportunidad, no es solo una normativa.

Es una hoja de ruta para construir un futuro más justo y sostenible.

Lo que antes acababa en la basura hoy puede acabar en un plato.

La responsabilidad de que esto suceda es de todos

Juan José Cima Prado

Secretario de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias